El juzgado mercantil nº 2 de Madrid ha dejado este jueves vista para sentencia la demanda de un socio minoritario de las clínicas dentales Vivanta contra la gestora Portobello, por una operación que, según el demandante, se realizó por 6 millones más de lo que valía la empresa comprada.

Recordemos que dicha operación se ejecutó a un precio de 13,6 millones de euros pero la empresa realmente valía solo 7,4 millones, según diversos informes periciales. Por eso, un accionista de Vivanta, la empresa que realizó la transacción, ha demandado a Portobello, que entonces era el propietario de Vivanta y quien gestionó la operación.

La empresa en cuestión era el Grupo Vera. Estaba formada por tres empresas, pero una de ellas no tenía actividad en 2016, no tuvo ingresos en 2017 y se encontraba inmersa en causa de disolución por patrimonio neto negativo.

De hecho, un informe de PwC “confirmaba irregularidades en el establecimiento del precio” de la transacción por la información que contenían los estados financieros de Vera.

En esta segunda sesión de la vista han intervenido los peritos de ambas partes, que han presentado sus informes finales.

Por parte del demandante, Manuel de la Peña, que cesó como presidente de Vivanta en 2019 tras detectarse diversas irregularidades, ha comparecido Rubén Manso, fundador y presidente de la consultora financiera Mansolivar.

Manso ha ratificado un informe que obra en la causa en el que defiende que para calcular el precio de la compra se tuvo en cuenta el ebitda o resultado bruto de explotación de 2017, que no reflejaba el verdadero estado de la compañía a finales de 2018, cuando se cerró la operación.

La diferencia entre el ebitda de 2017 respecto al de 2018, muy inferior, no obedeció a hechos sobrevenidos, sino a la propia marcha del negocio, ha explicado Manso, que ha asegurado que se contabilizaban como ingresos servicios pendientes de prestar por parte de las clínicas, lo que en la práctica son pasivos ocultos.

De ahí, ha asegurado, que el precio pagado no reflejara el valor de la compañía.

Por parte de Portobello ha intervenido Pablo Bernad, de la consultora KPMG, que elaboró un informe que avaló la operación y que ha aclarado que el precio final fue fruto de la negociación entre las partes.

“No ha habido trampa ni cartón”, ha concluido Bernad.

El abogado de Portobello ha asegurado que se trata de una guerra accionarial de Manuel de la Peña contra Portobello, que se inició en el momento en el que aquel tuvo que dejar sus funciones como presidente de Vivanta.

Los demandados, “un equipo profesional acostumbrado a comprar clínicas”, eran los más interesados en que la compra fuera bien, ha añadido, y no se ha podido probar que hubiera un interés personal en sentido contrario.

Portobello adquirió Vera por 14 millones de euros, aunque el demandante rebajaba su valor hasta 7 millones de euros basándose en un informe de PWC que ponía de manifiesto inconsistencias contables y no reconocía como fiables las cifras de beneficios, de ahí que sostenga que la operación se cerró con un perjuicio para Vivanta de más de 6 millones de euros.

Como demandados figuran los socios fundadores de Portobello Íñigo Sánchez-Asiaín, Ramón Cerdeiras y Juan Luis Ramírez; Carlos Dolz, socio de la gestora, y Juan Olave, que era el consejero delegado de Vivanta en el momento de los hechos.

 

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