Entre las empresas afectadas por el calvario judicial que envuelve a Portobello figuran BBVA, BNP, Bankia, Naturgy, Loreto Mutua, CDC, PGGM, Raytheon, Amazonas, Cédre Capital o Continuum

Según ha publicado el portal web The Objective, este lunes han sido citados a declarar en calidad de querellados el fundador de Portobello Capital, Íñigo Sánchez-Asiaín, y sus socios Carlos Dolz de Espejo, Juan Luis Ramírez Belaustegui, Ramón Cerdeiras y el propio fondo de inversión por un presunto delito de estafa contra uno de los afectados por el escándalo de las clínicas Vivanta.

En esta ocasión, el juez Juan Ramón Reig ha sido quien tomó declaración en el Juzgado de Instrucción Nº 21 de Madrid a la cúpula de Portobello Capital este 8 de noviembre, como parte de las diligencias previas abiertas, según una providencia a la que ha tenido acceso The Objective.

De acuerdo al auto citado por ese medio, la querella admitida a trámite y presentada por un dentista de Valencia que es socio minoritario de Vivanta acusa a los mencionados consejeros y a la propia firma de capital de riesgo de un presunto delito de estafa.

Así, el demandante cifra en 261.740,37 euros el supuesto perjuicio patrimonial sufrido por el deterioro del valor de las acciones que adquirió de Grupo Hospitalario Europeo, sociedad matriz de Cartera Vivanta SLU, el vehículo inversor único presuntamente empleado para adquirir las distintas empresas de clínicas dentales que pasaron a conformar el Grupo Vivanta, como Grupo Laser 2000, Unidental, Grupo Clínico Doctor Senís, Anaga o Avandent, según el escrito admitido a trámite por el juez.

Además, la querella afirma que el demandante vendió entre 2016 y 2017 cuatro sociedades mercantiles de servicios odontológicos a Cartera Galeno SLU, actualmente Cartera Vivanta SLU, dentro del proceso de inversión impulsado por Portobello para constituir el mayor grupo odontológico de España. Una venta que, según fuentes del fondo consultadas por The Objective, se llevó a cabo por una cifra cercana a los 2,6 millones de euros.

En ese proceso de adquisición de sociedades, los vendedores de las clínicas dentales se reservaban el derecho a participar en la Newco creada (Vivanta) con una reinversión de entre el 10% y el 20% del valor de venta.

Participaciones pignoradas

Los referidos 261.740,37 euros a cambio de 88 participaciones de Grupo Hospitalario Europeo, matriz y tenedora de acciones del Grupo Vivanta, fueron reinvertidos por parte del dentista de Valencia, quien asegura en la querella que la totalidad de las acciones de la sociedad matriz y parte del resto de sociedades del grupo quedaron pignoradas como garantía de pago en un contrato de financiación por importe de 223.500 euros firmado con las entidades Ares y BNP en julio de 2017.

De acuerdo a su versión, nunca fue informado de que las participaciones estaban pignoradas y que, en el contrato suscrito para la venta de sus clínicas dentales a Cartera Vivanta, Portobello hacía mención a que «disponía de los recursos necesarios para afrontar la operación sin necesidad de acudir a financiación externa».

Asimismo, el querellante señala que en 2018 se produjo una ampliación de capital, «ocultando la pignoración de las participaciones del Grupo Vivanta». Por si fuera poco, en la Junta General de Socios del 4 de diciembre de 2020 se aprobó, con los votos de Portobello como accionista mayoritario, la reducción del capital social de Cartera Vivanta a cero por pérdidas y el simultáneo aumento de capital por asunción de deudas, lo que conlleva según el querellante a la expulsión de Grupo Hospitalario Europeo del accionariado de Grupo Vivanta.

Es por ello que el dentista valenciano cifra en 261.740,37 euros más intereses el presunto perjuicio patrimonial sufrido por el deterioro del valor de sus acciones.

Otros pleitos

Cabe recordar que esta no es la única causa penal abierta actualmente contra Portobello por Vivanta. El juzgado de instrucción número 49 de Madrid admitió a trámite en octubre otra querella presentada por otros accionistas minoritarios, D.M. y Tagalo Consulting, contra consejeros de Portobello por presuntos delitos de estafa y falsedad documental.

Los directivos querellados están citados a declarar en esta causa el 13 de enero de 2022. No obstante, el mismo juzgado archivó provisionalmente esta semana otra querella penal por presuntos delitos de estafa, falsificación en documento mercantil y administración desleal interpuesta contra la firma de private equity por otro accionista minoritario, José Ignacio Martínez García Prieto, según un auto adelantado por Europa Press y al que ha tenido acceso este diario.

Además, el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid celebró en octubre un juicio por responsabilidad social, a la espera de sentencia, impulsado por otro socio minoritario de Vivanta contra exdirectivos del fondo de inversión Portobello por el presunto perjuicio económico provocado al comprar el Grupo Vera Dental por un supuesto sobreprecio de 6,2 millones de euros.

Meses antes, en julio de 2021, el juzgado mercantil número 12 de Madrid dictó una sentencia por la que declaró nula la ampliación de capital de 12,8 millones de euros con la que Portobello diluyó a los accionistas minoritarios de Vivanta.

La magistrada Ana María Gallego dio la razón en este caso a Manuel de la Peña y consideró que esa ampliación de capital efectuada en 2019 causó un perjuicio económico a los inversores de Grupo Hospitalario Europeo, matriz de Vivanta. Sin embargo, la sentencia no es firme debido a que se encuentra recurrida en apelación.

Esta serie de conflictos judiciales comenzó en 2019, cuando los socios minoritarios de Vivanta, desde franquiciados a dentistas, empezaron a acudir a los juzgados madrileños. Vivanta se creó en 2017 después de que Portobello comprara varias empresas del sector, incluyendo Unidental.

Entre las empresas afectadas por el calvario judicial que envuelve a Portobello figuran BBVA, BNP, Bankia, Naturgy, Loreto Mutua, CDC, PGGM, Raytheon, Amazonas, Cédre Capital o Continuum.

 

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