Según informa The Objective, nuevo episodio en la guerra judicial entre el fondo de inversión Portobello y sus socios minoritarios en el grupo de clínicas dentales y estéticas Vivanta. Varios consejeros de la firma de private equity presidida por Íñigo Sánchez-Asiaín están citados a declarar este jueves por un presunto delito de estafa. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid investiga si el fondo de inversión creó una doble contabilidad en Vivanta para engañar y eludir pagos, una acusación que Portobello niega.

Consejeros del fondo Portobello de Sánchez-Asiaín, comparecen en el Juzgado por la presunta doble contabilidad en Vivanta

Según informa The Objective, nuevo episodio en la guerra judicial entre el fondo de inversión Portobello y sus socios minoritarios en el grupo de clínicas dentales y estéticas Vivanta. Varios consejeros de la firma de private equity presidida por Íñigo Sánchez-Asiaín están citados a declarar este jueves por un presunto delito de estafa. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid investiga si el fondo de inversión creó una doble contabilidad en Vivanta para engañar y eludir pagos, una acusación que Portobello niega.

El medio informa que la juez Josefa Bustos acordó en octubre pasado incoar diligencias contra Sánchez-Asiaín, Carlos Dolz, Juan Luis Ramírez, Ramón Cerdeiras, y las mercantiles Portobello Capital y Cartera Vivanta, tras analizar la querella del expropietario de una de las clínicas adquiridas por el fondo de inversión para conformar su negocio dental. El querellante, D.M., aportó al juzgado un e-mail que le envío por error un antiguo empleado de Vivanta y cuya documentación adjunta supuestamente reflejaría la falsa contabilidad con la que Portobello habría simulado estar en pérdidas o registrar beneficios mínimos para eludir los pagos comprometidos con los vendedores de las clínicas dentales con las que conformó el Grupo Vivanta en el año 2017.

Según la querella que investiga el juzgado, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el denunciante pactó con Portobello en febrero de 2018 la venta de su clínica dental en Madrid por un precio de 410.000 euros a ejecutar tres pagos. El último de ellos, por importe de 110.000 euros, dependía de los resultados obtenidos por la clínica en 2019. «Vivanta dio unos resultados con una facturación de 320.000 euros y unas pérdidas de 163.000 euros. Esta situación era sorprendente ya que dicha clínica había obtenido unos beneficios de más de 100.000 euros en 2017», indica la querella que investiga la juez.

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