La cuestión no es baladí, pues genera una grave crisis reputacional que podría afectar directamente a sus socios e inversores. Una sociedad globalizada, que precisa esencialmente de empresas y directivos impecables, no tarda en dar la espalda a proyectos cuya reputación empresarial esté, aún temporalmente, en entredicho.

Reproducimos por su indudable interés periodístico la información de ElDistrito.es

La jueza que instruye el caso ha abierto diligencias contra los responsables de Portobello y ha citado a su representante legal el próximo jueves 13 de enero

Íñigo Sánchez-Asiaín, fundador de Portobello Capital, se sentará este jueves 13 de enero en los banquillos del Juzgado de Instrucción Nº 49 de Madrid al estar investigado por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental.

Dicho juzgado admitió a trámite en octubre otra querella presentada por otros accionistas minoritarios, D.M. y Tagalo Consulting, contra consejeros de Portobello por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. Los directivos querellados están citados a declarar en esta causa el próximo jueves.

Esto, debido a la presunta existencia de una doble contabilidad para engañar a sus socios de las clínicas dentales Vivanta, luego de que un correo electrónico fuera remitido por error de un empleado de Vivanta y haya sido puesto a disposición del juez por uno de los socios del compendio de Vivanta.

En el email supuestamente se refleja la falsa contabilidad que disminuían los ingresos para evadir pagos, los cuales obedecían a cantidades sucesivas vinculadas a la marcha del negocio, por lo que Portobello habría simulado ante los vendedores de los centros dentales que estaban en pérdidas o registrando beneficios mínimos, siempre de acuerdo al artículo citado anteriormente.

El correo, recibido por uno de los vendedores de las clínicas a Portobello el 16 de diciembre del 2019, plasmaba que Vivanta registraba unos ingresos reales de 492.884 euros, frente a los 320.000 declarados ante terceros.

Acto seguido, el empleado que envió el mail por error pidió al socio que el documento en cuestión no fuese revelado, pues de ello dependería su puesto de trabajo y el futuro de su familia.

Paralelamente, el Juzgado también investiga una “operativa engañosa” de Portobello en la adquisición del grupo Health Gestión, cuyo vendedor interpuso una querella por estafa al alegar que se le abonó solo la mitad del precio de mercado.

Ante este hecho, la Fiscalía Provincial de Madrid ha indicado que debe investigarse la presunta “manipulación de los balances” por parte del fondo de inversión fundado por Sánchez-Asiaín, con el fin de “no abonar” al denunciante la cantidad previamente acordada.

Entre los mecanismos para dicha “manipulación” figuran el “aumento de gastos” para “desplazar los beneficios en diferentes ejercicios contables”, peritaje aportado en la causa por el denunciante y destacado por el Ministerio Público.

No obstante, Portobello alega en un contrainforme elaborado por KPMG que “en ningún caso” ha realizado una “manipulación de la información”, y alude al “incremento” real de los costes y a la “evolución” a la baja del negocio de las clínicas”.

En ese sentido, la Fiscalía ha decidido someter sendos dictámenes a “contradicción” en sede judicial para poder determinar si realmente hubo una “manipulación” como sostiene el denunciante, o si se trata de una “interpretación de la contabilidad o un incremento justificado de los gastos”.

De igual manera, la jueza que instruye el caso ha abierto diligencias contra los responsables de Portobello, al tiempo que ha citado también al representante legal de las sociedades Portobello Capital y Cartera Vivanta el próximo jueves 13 de enero, y ha exigido una copia del contrato de compraventa de las clínicas dentales.

En su defensa, Portobello tilda el relato del denunciante de “manipulado y falaz”, niega la veracidad del correo electrónico remitido por error de un empleado de Vivanta a uno de los vendedores de las clínicas dentales en el que se refleja la presunta doble contabilidad, y lo acusa  de “chantaje” y “extorsión” al afirmar que supuestamente le exigió 80.000 euros a la compañía a cambio de retirar sus demandas.

Paralelamente, el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid celebró en octubre un juicio por responsabilidad social, a la espera de sentencia, impulsado por otro socio minoritario de Vivanta contra exdirectivos del fondo de inversión Portobello por el presunto perjuicio económico provocado al comprar el Grupo Vera Dental por un supuesto sobreprecio de 6,2 millones de euros.

Meses antes, en julio de 2021, el juzgado mercantil número 12 de Madrid dictó una sentencia por la que declaró nula la ampliación de capital de 12,8 millones de euros con la que Portobello diluyó a los accionistas minoritarios de Vivanta. La magistrada Ana María Gallego dio la razón en este caso a Manuel de la Peña y consideró que esa ampliación de capital efectuada en 2019 causó un perjuicio económico a los inversores de Grupo Hospitalario Europeo, matriz de Vivanta. Sin embargo, la sentencia no es firme debido a que se encuentra recurrida en apelación.

Esta serie de conflictos judiciales comenzó en 2019, cuando los socios minoritarios de Vivanta, desde franquiciados a dentistas, empezaron a acudir a los juzgados madrileños. Vivanta se creó en 2017 después de que Portobello comprara varias empresas del sector, entre ellas Unidental.

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