No hay operación que escape al control de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha puesto el foco sobre la venta por parte de Ferrovial del grueso de su negocio de servicios al fondo Portobello Capital. El organismo presidido por Cani Fernández ha iniciado un expediente para analizar los posibles efectos de concentración empresarial en el mercado derivados de este proceso, que culminó a finales del pasado agosto por una cifra aproximada de 236 millones de euros.

Fuentes del regulador confirman que el inicio de actuaciones viene motivado por la notificación de las partes implicadas, que se registró el pasado 16 de diciembre. Dado que las ventas anuales del área de conservación y mantenimiento de infraestructuras de Ferrovial alcanzaron los 822 millones de euros en 2020, la operación de concentración debe someterse al control de la CNMC por su incidencia en el mercado afectado. Según la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, su intervención es obligatoria cuando el volumen de negocio resultante del acuerdo supere los 240 millones. Siempre que al menos dos de los partícipes realicen individualmente un volumen de negocios superior a 60 millones en España, como así sucede en este caso.

En este sentido, tendrá en cuenta que Portobello controla el Grupo CTC, una compañía catalana especializada en la externalización de servicios, surgida como resultado de la fusión de Grupo Uno con CTC Externalización. Asimismo, es propietario de Sidecu, el dueño de la firma de gimnasios Supera, donde la filial de Ferrovial también gestiona algunos centros. En este sentido, el fondo suele explotar sinergias entre sus compañías para ahorrar costes y espolear su crecimiento.

Competencia tendrá la última palabra sobre una operación que llegó a encallar

Aunque en teoría se trata de un trámite formal y ordinario, las mismas fuentes indican que Competencia tendrá la última palabra sobre una operación que encalló varias veces y llegó a complicarse por diferencias en el precio. Así, pese a que Ferrovial abrió el proceso de venta de su división en 2018, con una tasación inicial de 3.000 millones para toda su red internacional (que incluía países como Reino Unido o Estados Unidos), no fue hasta hace un año cuando se sentó a negociar en exclusiva con Portobello para desprenderse de la filial española.

Una de las razones que explican esta dilación es el cambio de banco de inversión en medio del proceso de desinversión. En un principio el grupo español encomendó a Goldman Sachs que encontrase un comprador único, pero con el tiempo cambió de estrategia y pasando a Bank of America el encargo de dividir en seis las filiales, por negocios y área geográfica.

De esta forma, en el caso de España y Portugal, donde tiene contratos en hospitales (gestionando el servicio de ambulancias en varias comunidades autónomas), puertos, alquiler de bicicletas o la restauración en los trenes de Renfe, la constructora pactó con Portobello mantenerse en el negocio reteniendo un 25% del capital, valorado en 20 millones de euros. Ello pensando en una revalorización en el futuro, lo que le ha llevado a deshacer los planes de colocar su negocio de residuos en Reino Unido.

Respecto al importe de la transacción, Ferrovial explicó en el momento del acuerdo que el valor de la empresa vendida ascendía a 186 millones de euros aproximadamente, incluyendo capital y deuda, al que se sumaban otros 50 millones de euros que recibirá por otros conceptos variables. Por tanto, la suma de ambos conceptos asciende a 236 millones de euros, aunque se trata de una cifra estimada, sujeta a la cifra de deuda neta y capital circulante resultante del balance preparado a diciembre de 2021.

Por su parte, como parte de ese acuerdo para que el vendedor siguiera vinculado, Portobello Capital defendía que esta compra tenía como objetivo consolidar la posición de Ferrovial Servicios en la prestación de gestión de infraestructuras en España para apoyar a la compañía durante la siguiente fase de crecimiento. Durante el año pasado el fondo de inversión cerró la compra del 80% de la plataforma jurídica Legálitas, entró en el capital de los supermercados Condis y adquirió la totalidad de la italiana Farmol, dedicada a la producción de aerosoles. Salvo esta última, el resto de operaciones terminaron obteniendo el visto bueno de Competencia, que puede dilatarse varias semanas.

 

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